
El condado de Los Ángeles ha aprobado un acuerdo sin precedentes por valor de 4 mil millones de dólares para resolver aproximadamente 7,000 demandas relacionadas con presuntos abusos sexuales ocurridos en centros juveniles desde 1959. La decisión, adoptada por la Junta de Supervisores, responde a décadas de denuncias que apuntan a patrones de maltrato en instalaciones estatales destinadas a la detención y cuidado de menores.
Como consecuencia directa, el condado asumirá una carga financiera significativa, ya que el desembolso se cubrirá mediante una combinación de fondos de reserva, emisión de bonos y ajustes presupuestarios que afectarán su planificación fiscal en el largo plazo. Para las víctimas, el acuerdo representa una compensación económica por los daños sufridos y, en muchos casos, una oportunidad para cerrar un ciclo de dolor y buscar reparación emocional.
Desde una perspectiva institucional, esta decisión marca un punto de inflexión en la gestión de la responsabilidad pública. Autoridades del condado han manifestado su intención de implementar reformas estructurales que refuercen la protección de menores y prevengan futuros casos de abuso. Asimismo, el caso podría sentar un precedente legal para otros gobiernos locales que enfrenten demandas por hechos similares dentro de sus sistemas de atención juvenil.