
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha solicitado a las autoridades locales implementar prohibiciones integrales contra los campamentos de personas sin hogar en espacios públicos. La medida responde a la creciente crisis de indigencia que afecta a distintas regiones del estado, y tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad, salud pública y convivencia urbana. Newsom subrayó la necesidad de restablecer el orden en calles y parques, al tiempo que se brindan alternativas reales de vivienda y apoyo a quienes viven en situación de calle.
Posibles desalojos y reubicaciones
Como consecuencia inmediata, podrían multiplicarse las ordenanzas locales que restringen los asentamientos informales en aceras, plazas y otras áreas comunes. Esto implicaría un aumento en los desalojos y la reubicación de personas sin hogar hacia refugios o programas sociales, siempre que existan las condiciones adecuadas. La viabilidad de esta estrategia dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para ofrecer soluciones habitacionales dignas y sostenibles.
Críticas por criminalización y falta de soluciones estructurales
La iniciativa, sin embargo, ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes advierten que prohibir los campamentos sin abordar el origen estructural del problema —como la falta de vivienda asequible o servicios de salud mental— podría agravar la situación. Además, la aplicación de estas medidas enfrentaría retos legales y sociales si no se asegura el respeto a los derechos constitucionales de las personas afectadas. El éxito de esta estrategia dependerá de un enfoque integral, más allá del control del espacio público.