Administración Trump prohíbe a Harvard matricular estudiantes internacionales

Según versiones preliminares, la administración del expresidente Donald Trump ha emitido una prohibición sin precedentes que impide a la Universidad de Harvard matricular estudiantes internacionales, medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Aparentemente, la decisión forma parte de una escalada de tensiones entre el gobierno federal y la institución académica, afectando tanto a estudiantes extranjeros actuales como futuros. La universidad ha reaccionado con una enérgica condena, calificando la acción como injustificada y desproporcionada.

Acusaciones de incumplimiento y motivaciones políticas

Presuntamente, esta acción responde a la negativa de Harvard de acatar ciertas exigencias de la administración Trump, entre ellas, cambios en sus políticas de diversidad, mayor control frente al antisemitismo y una supuesta falta de colaboración en investigaciones sobre vínculos con el Partido Comunista Chino. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida argumentando que “es un privilegio, no un derecho” para las universidades estadounidenses admitir estudiantes extranjeros, y afirmó que Harvard habría incumplido requisitos federales al respecto. Como consecuencia, se le revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), lo que impide legalmente la inscripción de estudiantes internacionales.

Impacto inmediato en la comunidad académica internacional

Una consecuencia directa de esta decisión es la incertidumbre y el caos entre los miles de estudiantes internacionales de Harvard, quienes podrían verse forzados a transferirse a otras instituciones o abandonar Estados Unidos para mantener su estatus migratorio. Esta interrupción afecta no solo sus planes académicos, sino también sus proyectos de vida y desarrollo profesional. Harvard ha declarado que la medida es “ilegal” y motivada por represalias, y ha anunciado su intención de iniciar acciones legales, lo que anticipa una prolongada batalla judicial con posibles implicaciones profundas para el futuro de la política educativa y migratoria en Estados Unidos.