California ha invertido alrededor de $24 mil millones en crisis de personas sin hogar

La gestión de la crisis de las personas sin hogar en California se ve ensombrecida por una alarmante pérdida de casi $24 mil millones en gastos durante los últimos cinco años fiscales, revela un impactante video. El Consejo Interagencial sobre Personas sin Hogar de California (Cal ICH) admitió haber perdido el control sobre el destino de estos fondos cruciales, al dejar de rastrear su efectividad desde 2021.

NEW: California has lost track of nearly $24 billion spent on the homeless crisis over the last five fiscal years

The California Interagency Council on Homelessness (Cal ICH) stopped tracking whether the programs were working in 2021

The state auditor found that the problem… pic.twitter.com/1lu22SQpkj

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) April 12, 2024

Una auditoría estatal arrojó luz sobre la ineficiencia de los programas destinados a abordar esta crisis humanitaria, destacando que la situación no ha mejorado en muchas ciudades. Sorprendentemente, los evaluadores catalogaron solo dos de cada cinco programas como «probablemente rentables«. Los investigadores identificaron la falta de un método consistente para recopilar y evaluar datos de resultados para estos programas como una de las principales causas de esta debacle financiera.

California Interagency Council on Homelessness staff members volunteered on Monday, Jan. 22, to serve dinner for guests of the Winter Sanctuary shelter, a seasonal shelter funded by the @CityofElkGrove and operated by @GatheringInn. pic.twitter.com/SJIwonIUCX

— California Interagency Council on Homelessness (@Cal_ICH) January 26, 2024

La ausencia de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de estos fondos es motivo de preocupación para los ciudadanos y funcionarios por igual. Con una cantidad tan significativa de dinero aparentemente malgastado, se cuestiona la eficacia de las políticas implementadas para abordar la crisis de las personas sin hogar en California.

Esta revelación plantea serias preguntas sobre la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos de supervisión y evaluación de programas sociales en el estado.