Durante el segundo mandato del expresidente Donald Trump, el equipo de la Casa Blanca habría adoptado una estrategia de preparación normativa que incluye una reserva de órdenes ejecutivas y proclamaciones. De acuerdo con declaraciones de un funcionario de alto nivel, estas medidas estarían listas para activarse en función de la coyuntura política, los temas prioritarios o las narrativas que la administración desee impulsar en cada momento.
Según versiones preliminares, este enfoque permitiría a la administración responder de manera rápida y estructurada a eventos emergentes, evitando demoras en los procesos internos de elaboración y revisión. La existencia de este archivo de acciones ejecutivas no implica su aplicación inmediata, pero sí sugiere un alto grado de planificación política con capacidad de adaptación al entorno.
Una consecuencia directa de esta práctica sería el fortalecimiento del poder ejecutivo en términos de agilidad política, aunque también podría generar preocupación respecto a la transparencia y el control institucional. La posibilidad de implementar medidas de alto impacto sin debate público previo abre interrogantes sobre el equilibrio entre gobernabilidad y supervisión democrática.