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La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al Gobierno del presidente Donald Trump a finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, revirtiendo una decisión previa que había impedido dicha cancelación. Este fallo otorga al Poder Ejecutivo una discrecionalidad más amplia para evaluar y determinar si las condiciones en el país de origen aún justifican la protección. Aproximadamente 350.000 venezolanos que residían legalmente en el país bajo este amparo se verán directamente afectados.

Inseguridad jurídica y posible crisis humanitaria

Como consecuencia inmediata, quienes contaban con el TPS, ya sea bajo la designación inicial con vencimiento en abril de 2025 o la prórroga extendida por la administración Biden hasta octubre de 2026, enfrentan un panorama incierto. La pérdida de este estatus no solo elimina su autorización legal para trabajar y residir en Estados Unidos, sino que los expone presuntamente a procesos de deportación, incrementando el riesgo de una potencial crisis humanitaria y laboral, especialmente en sectores donde esta población tenía alta participación.

Expertos recomiendan evaluar alternativas migratorias

Frente a esta nueva realidad, abogados y especialistas en migración instan a los afectados a buscar asesoría legal inmediata. Aunque el fallo no representa una orden de deportación automática, se vuelve esencial explorar otras vías legales como solicitudes de asilo, visas laborales o ajustes de estatus por vínculos familiares, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Cada caso requiere una evaluación individualizada para determinar las opciones disponibles y evitar una pérdida abrupta del estatus migratorio.

Publicado por: Editor Minuto30

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