
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha solicitado la confiscación definitiva de una aeronave incautada en 2024, presuntamente vinculada al gobierno de Nicolás Maduro. Esta acción se enmarca en las sanciones y el control de activos implementados por EE.UU. hacia Venezuela.
La incautación y la solicitud de confiscación generan interrogantes sobre el impacto de las sanciones en operaciones financieras y logísticas, y podrían afectar la confianza de inversores en sectores relacionados con la aviación y el comercio internacional.
La decisión judicial podría tener implicaciones a largo plazo en la estabilidad política y económica de Venezuela, así como en las relaciones entre EE.UU. y la región, siendo un tema relevante en el contexto geopolítico actual.