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Un juez federal en Estados Unidos ha emitido una orden que obliga al gobierno a conservar la custodia y el control de los migrantes deportados recientemente a Sudán del Sur. Esta decisión surge tras denuncias de abogados que advierten posibles violaciones a una orden judicial previa, al señalar que personas provenientes de Myanmar y Vietnam habrían sido expulsadas hacia terceros países de forma inapropiada. El objetivo de la medida es asegurar que, si un tribunal determina que dichas deportaciones fueron ilegales, los migrantes puedan retornar de manera efectiva a EE.UU.

DHS deberá garantizar posibilidad de retorno

Como consecuencia directa de esta resolución, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está ahora en la obligación de implementar mecanismos para rastrear y facilitar el regreso de los afectados en caso de que se revoquen sus deportaciones. Esto pone de relieve los retos legales y operativos que enfrentan las autoridades migratorias cuando se realizan expulsiones a países que no son los de origen de los migrantes, y que además, como Sudán del Sur, enfrentan graves conflictos internos. La orden judicial refuerza la necesidad de actuar con transparencia y respetar el debido proceso en todo procedimiento de deportación.

Preocupación judicial por la legalidad de las expulsiones

Esta decisión subraya una tensión persistente entre las políticas migratorias del Ejecutivo y los estándares exigidos por el poder judicial y organizaciones defensoras de derechos humanos. La exigencia de mantener el control sobre personas ya deportadas es poco común y refleja una preocupación judicial sobre la legitimidad de estas prácticas. Más allá del caso puntual, el fallo podría marcar un precedente significativo en la gestión de deportaciones hacia terceros países, haciendo énfasis en la responsabilidad continua del Estado sobre quienes han sido expulsados de su territorio.

Publicado por: Editor Minuto30

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