EE. UU. exige a estudiantes extranjeros de Harvard transferirse o perder su estatus migratorio

Según versiones preliminares, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha advertido a los estudiantes internacionales de la Universidad de Harvard que deberán transferirse a otra institución académica si desean conservar su estatus legal en el país. Aparentemente, esta directriz es consecuencia de una revisión y revocación de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) que permitía a la universidad inscribir alumnos extranjeros. La medida intensifica la confrontación entre la administración federal y una de las instituciones educativas más reconocidas del mundo.

Harvard en el centro de una disputa política y legal

Presuntamente, esta acción se enmarca en una serie de tensiones políticas entre la administración Trump y Harvard, relacionadas con demandas federales sobre sus políticas internas, su gestión del antisemitismo y supuestos vínculos con entidades extranjeras. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habría argumentado que el derecho a recibir estudiantes internacionales exige estricto cumplimiento de estándares federales, los cuales, según el gobierno, Harvard no habría respetado. La universidad, por su parte, ha calificado la decisión como una represalia injustificada y contraria al derecho.

Inestabilidad para miles de estudiantes y posible batalla judicial

Una consecuencia directa e inmediata de esta advertencia es el grave impacto sobre miles de estudiantes internacionales, quienes se ven obligados a actuar con rapidez para encontrar otras instituciones que les permitan preservar su situación migratoria. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre académica y emocional, con efectos sobre planes de estudio, investigaciones en curso y vínculos personales establecidos en EE. UU. Harvard ha anunciado que impugnará la medida legalmente, anticipando un conflicto judicial que podría definir el futuro de la educación internacional y la relación entre el gobierno federal y las universidades estadounidenses.