El Ejército de Estados Unidos ha activado una segunda zona militar en Texas, ampliando su despliegue en la frontera sur como parte de una estrategia federal para contener la migración irregular. Según versiones preliminares, esta nueva área operativa busca fortalecer el apoyo logístico y de seguridad que las fuerzas armadas prestan a las agencias civiles responsables del control fronterizo. La medida refleja un intento por optimizar los recursos y mejorar la capacidad de respuesta ante el creciente número de cruces en esta región.
La decisión sugiere un cambio en el enfoque del gobierno hacia una presencia más visible y extendida del Ejército en zonas estratégicas de alta actividad migratoria. Presuntamente, esto implicará un aumento en el personal, equipos y tecnología desplegada, lo que podría generar tensiones entre las prioridades de seguridad nacional y las preocupaciones sobre derechos civiles. Aunque el Ejército no tiene funciones de detención directa, su rol ampliado en tareas de vigilancia y apoyo ha reactivado el debate sobre la militarización de la política migratoria.
Una consecuencia inmediata de esta expansión es el posible impacto sobre las comunidades locales, que podrían experimentar cambios en su dinámica diaria debido al incremento de operaciones militares. Además, el refuerzo del control en ciertos puntos fronterizos podría desviar los flujos migratorios hacia rutas menos vigiladas y más peligrosas, elevando los riesgos para quienes intentan cruzar. Organizaciones civiles han comenzado a manifestar su preocupación por los efectos sociales y humanitarios de esta medida.