
Estados Unidos ha revocado el permiso que permitía a Trinidad y Tobago la explotación conjunta de gas natural en aguas venezolanas, según confirmó el primer ministro trinitario. Esta decisión implica la suspensión de un acuerdo energético estratégico para Trinidad y Tobago, aparentemente motivada por las sanciones de Washington contra Venezuela, generando incertidumbre sobre el futuro del proyecto y el suministro energético regional.
La consecuencia inmediata es la interrupción de los planes de explotación de los campos de gas, lo que presuntamente afectará la producción y exportación de Trinidad y Tobago. Esto podría obligar al gobierno trinitario a buscar alternativas energéticas a largo plazo y reevaluar sus relaciones comerciales en hidrocarburos. La medida también podría tensar las relaciones entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos por el impacto económico potencial.
Desde la geopolítica energética y la gestión de riesgos internacionales, esta acción de EE.UU. subraya la complejidad de operar en regiones con tensiones políticas y sanciones. Para empresas con inversiones en el Caribe y América Latina, es crucial monitorear las políticas de las potencias globales y sus efectos en acuerdos bilaterales y la estabilidad regulatoria, considerando la diversificación energética y la evaluación de riesgos políticos en la planificación estratégica.