La administración del expresidente Donald Trump sancionó a cuatro juezas de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta acción responde, según fuentes preliminares, a la intención de frenar investigaciones sobre posibles crímenes de guerra que podrían involucrar a ciudadanos estadounidenses. La medida refleja una postura firme contra la jurisdicción de la CPI, en un contexto donde las tensiones entre Washington y el tribunal internacional se han intensificado.
EE. UU. rechaza la jurisdicción de la CPI
El gobierno de Trump argumentó que la Corte no tiene autoridad sobre ciudadanos de países que no han ratificado el Estatuto de Roma, como es el caso de Estados Unidos. La decisión de sancionar a funcionarias judiciales presuntamente busca presionar al tribunal para detener investigaciones específicas. Esta acción, además, ha generado preocupaciones sobre su impacto en la independencia de la justicia internacional y en las relaciones diplomáticas con países aliados a la CPI.
Impacto en la cooperación global y la imagen internacional
Como consecuencia inmediata, la medida podría debilitar la cooperación multilateral en casos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Además, expertos advierten que este tipo de decisiones unilaterales reducen la legitimidad de los organismos internacionales y pueden afectar negativamente la imagen de Estados Unidos en el ámbito jurídico global. El acto también podría desalentar futuros compromisos internacionales en materia de justicia penal.