Un juez federal en Estados Unidos ha elevado la presión sobre la administración Trump tras su negativa a permitir el regreso de Kilmar Abrego García, quien fue deportado a El Salvador pese a contar con estatus legal en el país. Según versiones preliminares, la deportación se habría producido por un error administrativo, lo que ha llevado al magistrado a intervenir y cuestionar públicamente la falta de acción para rectificar la situación.
La postura del juez apunta a motivar una revisión del caso por parte de las autoridades federales, con el fin de corregir una posible injusticia que afecta no solo a Abrego García, sino que también pone en evidencia fallas estructurales en los procedimientos migratorios. La situación ha sido calificada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes como un ejemplo preocupante de lo que puede ocurrir cuando no se aplican los debidos controles en decisiones de deportación.
Como consecuencia, este caso ha intensificado el debate sobre la política migratoria durante la administración Trump y ha abierto la puerta a una revisión legal más amplia sobre la responsabilidad del Estado en casos de deportaciones indebidas. La intervención judicial podría derivar en un precedente que exija una mayor rendición de cuentas en la gestión de estos procesos.