Varios estados de EE. UU. han iniciado acciones legales contra la administración de Donald Trump por presuntamente haber obstaculizado el avance de proyectos relacionados con la energía eólica durante su mandato. Las demandas, presentadas por gobiernos estatales, argumentan que decisiones tomadas en ese periodo habrían afectado negativamente el desarrollo de esta fuente renovable, limitando oportunidades de inversión y frenando la transición energética en sectores clave.
Según versiones preliminares, las autoridades estatales sostienen que se impusieron trabas regulatorias y se retrasaron aprobaciones fundamentales para la expansión de parques eólicos, lo cual habría comprometido tanto el crecimiento económico regional como los compromisos ambientales asumidos a nivel local. Estos estados defienden que tales bloqueos no solo desaceleraron el despliegue de tecnologías limpias, sino que también representaron una pérdida de competitividad frente a otras economías que sí impulsaron energías sostenibles.
Una consecuencia directa de estas acciones legales podría ser la revisión de políticas implementadas en ese periodo, así como un eventual resarcimiento por daños económicos derivados. Además, el proceso podría establecer precedentes en cuanto al alcance de las decisiones federales sobre las iniciativas estatales en materia energética, abriendo un debate más amplio sobre el equilibrio entre los intereses medioambientales y la política energética nacional.