El estado de Georgia ha promulgado una nueva legislación que ofrece protección legal al fabricante del herbicida Roundup, limitando ciertas demandas relacionadas con presuntos riesgos de cáncer. Firmada por el gobernador Brian Kemp, la norma establece que mientras los fabricantes cumplan con los requisitos de etiquetado federal, no podrán ser responsabilizados por no advertir sobre posibles efectos cancerígenos del producto. Con esta decisión, Georgia se convierte en el segundo estado de EE. UU., después de Dakota del Norte, en adoptar una medida de este tipo, marcando un precedente en las disputas legales que rodean al herbicida más utilizado del mundo.
Impacto legal y limitaciones de la ley
La consecuencia inmediata de esta ley es que futuras reclamaciones por omisión de advertencia en Georgia podrían verse restringidas, siempre que las empresas cumplan con las normativas federales. No obstante, la legislación, que entra en vigor el 1 de enero, no tiene efecto retroactivo, por lo que casos actuales como el reciente fallo en Georgia de $2.1 mil millones de dólares en contra de Bayer seguirán su curso. La nueva ley también podría influir en otros estados donde se debaten medidas similares, reconfigurando el panorama legal para la industria agroquímica.
Bayer refuerza su estrategia legal y mediática
Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos de Bayer por mitigar el impacto económico y reputacional de las miles de demandas que enfrenta en todo el país. La compañía, que ha destinado más de $16 mil millones de dólares en acuerdos legales, insiste en que el glifosato es seguro si se usa adecuadamente, y continúa presionando ante la Corte Suprema para obtener mayor protección legal. Paralelamente, Bayer ha lanzado campañas de comunicación para destacar el papel clave del glifosato en la agricultura moderna, advirtiendo que la creciente presión legal podría comprometer su viabilidad futura en el mercado agrícola estadounidense.