
A finales de marzo de 2025, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una entidad vinculada a la administración Trump, irrumpió en la sede del Instituto Estadounidense para la Paz (USIP), en un hecho que ha generado gran controversia. Según versiones preliminares, tras la toma de la sede, un contador del USIP habría borrado aproximadamente 1 terabyte de registros digitales, lo que desató una serie de acusaciones sobre la posible manipulación de información sensible.
El DOGE logró recuperar los datos eliminados y, como parte de la respuesta, envió pruebas del incidente al FBI y al Departamento de Justicia. Este proceder sugiere que las autoridades consideran que la eliminación de una cantidad tan significativa de registros podría tener implicaciones legales graves y, por lo tanto, requiere una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.
BREAKING: After @DOGE entered The ‘Institute of Peace’ headquarters, their accountant deleted 1 Terabyte of records.
The data was recovered by DOGE and evidence was referred to the FBI and DOJ. pic.twitter.com/bor6quzzIL
— America (@america) May 2, 2025
Este suceso ha generado preocupación sobre la seguridad de los sistemas de almacenamiento de datos del USIP y la integridad de sus operaciones. La intervención del FBI y el Departamento de Justicia resalta la gravedad de la situación, y cualquier investigación podría resultar en consecuencias legales significativas tanto para el personal involucrado en el borrado de datos como para las instituciones implicadas, dependiendo de los hallazgos finales.