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Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ha dictaminado en una decisión de 2 a 1 que durante un estado de emergencia, los adultos jóvenes en Pensilvania tienen el derecho de portar abiertamente armas en público, basándose en la influyente decisión de la Corte Suprema Bruen. Esta medida desafía la prohibición estatal y revive una demanda previamente desestimada por un juez de distrito.
Un debate legal en marcha y el contexto de la segunda enmienda
La decisión del Tercer Circuito se apoya en la noción de que los jóvenes de 18 a 20 años poseen los mismos derechos de la Segunda Enmienda que cualquier otro ciudadano adulto, incluyendo el derecho a portar armas abiertamente. En el centro del debate se encuentra la carga de prueba sobre si el comisionado de la policía estatal ha demostrado que las regulaciones históricas respaldan la restricción de Pensilvania a los derechos de la Segunda Enmienda de este grupo demográfico.
El juez del Tribunal de Circuito, Kent A. Jordan, destacó la limitación del debate actual, enfocándose en la evidencia histórica que respalda o refuta la restricción de derechos. Mientras que la Coalición de Política de Armas de Fuego celebra la decisión, otros, como el juez de circuito estadounidense Felipe Restrepo, expresan dudas sobre la interpretación de los padres fundadores del siglo XIX sobre los derechos legales de aquellos menores de 21 años.
Impacto nacional y desafíos legales
Este caso se inserta en un contexto más amplio de desafíos legales en todo el país presentados por grupos defensores de los derechos de las armas. La decisión Bruen ha establecido un precedente significativo al argumentar que las prohibiciones deben ser evaluadas a la luz de la historia y tradición nacional, resultando en la anulación de restricciones en casos previos que involucraban a diferentes grupos demográficos.
Respuestas a la decisión y preocupaciones por la seguridad pública
La Coalición de Política de Armas de Fuego, representando a los demandantes, celebra la decisión del Tercer Circuito, insistiendo en que excluir a los adultos jóvenes de las protecciones de la Segunda Enmienda sería una «profunda perversión de la Constitución». Cody J. Wisniewski, vicepresidente y asesor general del grupo, afirma que la decisión confirma que los adultos de 18 a 20 años tienen el mismo derecho a la autodefensa armada que cualquier otro adulto.
No obstante, críticos como Janet Carter, directora senior de Everytown for Gun Safety, consideran el fallo «equivocado». Argumentan que estadísticas muestran que los jóvenes de 18 a 20 años tienen tasas de homicidios con armas de fuego tres veces mayores que los adultos mayores de 21 años. Carter sostiene que la ley de Pensilvania ha sido crucial para prevenir la violencia armada y aboga por la revocación de la sentencia.
Tomado de Alamy
Consecuencias en Pensilvania y restricciones actuales
La Policía Estatal de Pensilvania se ha abstenido de hacer comentarios sobre la decisión del tribunal. La ley actual en Pensilvania estipula que los residentes aún deben tener 21 años para solicitar un permiso de portación oculta. Aquellos con dicho permiso pueden portar armas durante estados de emergencia, aunque la duración de dichas órdenes ahora está limitada a 21 días, con la posibilidad de extensión.
Reflexión sobre el debate y consideraciones futuras
La decisión del tribunal despierta un debate sobre el equilibrio entre los derechos individuales y la seguridad pública, especialmente en situaciones de emergencia. El caso en Pensilvania refleja la tensión continua entre los defensores de los derechos de las armas y aquellos que buscan medidas más estrictas de control de armas.
A medida que el caso avanza, es probable que tenga repercusiones más allá de las fronteras de Pensilvania, afectando la jurisprudencia en otros estados. La complejidad del tema subraya la necesidad de un diálogo continuo sobre la regulación de armas en la sociedad estadounidense.
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