Donald Trump ha planteado una reforma estructural en la gestión de desastres naturales en Estados Unidos, proponiendo una reducción significativa del papel de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Su plan contempla transferir responsabilidades clave a los gobiernos estatales, bajo el argumento de que una mayor autonomía local permitiría respuestas más rápidas y eficientes ante emergencias. Esta iniciativa se da en un momento de creciente alerta por los efectos del cambio climático y la necesidad de mecanismos de respuesta robustos.
Más poder a los estados, menos presupuesto federal
De acuerdo con las primeras versiones del plan, se buscaría reducir el presupuesto y el alcance operativo de FEMA, canalizando recursos directamente a los estados. Trump sostiene que esta medida incentivaría una gestión más personalizada y acorde a las realidades locales. No obstante, expertos y sectores críticos advierten sobre los riesgos de fragmentación, desigualdad en la capacidad de respuesta y falta de coordinación entre jurisdicciones ante desastres de gran escala.
El debate se traslada al plano político
Como consecuencia directa, la propuesta ha reactivado el debate sobre el equilibrio entre descentralización y seguridad nacional en situaciones de emergencia. La eventual disminución de la capacidad federal podría dejar expuestas a las regiones más vulnerables, generando tensiones entre el gobierno central y los estados. La discusión ahora se centra en cómo lograr eficiencia sin comprometer la equidad ni la cohesión del sistema nacional de emergencias.