
Donald Trump ha elevado una petición formal ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el fin de anular el programa de libertad condicional humanitaria que beneficia a cerca de 500.000 personas originarias de cuatro países. Esta figura legal permite su permanencia temporal en el país por razones consideradas de urgencia o carácter humanitario, y ha sido aplicada por la actual administración como respuesta a contextos críticos en sus naciones de origen.
En su solicitud, Trump alega que el gobierno ha sobrepasado sus facultades al ampliar el alcance de este programa, el cual —según sus argumentos— debería estar sujeto a una supervisión más estricta. Además, sostiene que su implementación representa un posible riesgo para la seguridad nacional y un uso desproporcionado de los recursos del Estado, insistiendo en la necesidad de restringirlo.
Si la Corte Suprema decide acoger la petición, la medida implicaría la cancelación de las protecciones legales para cientos de miles de personas, exponiéndolas a procesos de deportación. Esto no solo afectaría directamente a las comunidades involucradas, sino que también reabriría el debate sobre los límites del poder ejecutivo en la formulación de políticas migratorias.